El Consejo de Estado suspendió el decreto de retenciones en mayo y lo revivió en julio. La mayoría de las empresas ya reparametrizó el sistema y archivó el tema. Ese es exactamente el problema.

El 8 de mayo de 2026, miles de departamentos financieros en Colombia recibieron la misma instrucción: devuelvan la parametrización de retenciones a como estaba hace un año. Cincuenta y cuatro días después, el 1 de julio, recibieron la instrucción contraria: vuelvan a cambiarla. Otra vez.

No fue un error de nadie. Fue el sistema jurídico funcionando: un decreto expedido en mayo de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en mayo de 2026 y revivido por el mismo Consejo de Estado en junio. Tres regímenes de retención distintos en catorce meses, sobre el mecanismo que más caja mueve en cualquier empresa que factura.

La pregunta que importa no es qué dijo el Consejo de Estado. Es otra, y es la que casi nadie se está haciendo con rigor: después de este vaivén, ¿dónde quedó la plata de su empresa, y quién está verificando que cada peso retenido en cada uno de los tres periodos se retuvo con la regla correcta?

Lo que pasó, sin lenguaje de tribunal

En mayo de 2025 el Gobierno expidió el Decreto 572, que hizo dos cosas con un mismo propósito: acelerar el recaudo. Subió las tarifas de autorretención especial en renta para buena parte de las actividades económicas y bajó las bases mínimas a partir de las cuales procede retención. Un ejemplo basta para dimensionarlo: la retención sobre servicios pasó a aplicarse desde pagos de apenas dos UVT — alrededor de cien mil pesos. Prácticamente cualquier factura de servicios quedó dentro del sistema.

El decreto fue demandado casi de inmediato. Más de veinte demandas acumuladas sostenían, en esencia, que el Gobierno había convertido un mecanismo de recaudo anticipado en un adelanto forzoso del impuesto, sin los estudios que justificaran las nuevas tarifas. El 7 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado les dio la razón de manera provisional: suspendió los artículos 2 a 8 del decreto por encontrar que su motivación era insuficiente. La DIAN reaccionó al día siguiente con su Comunicado 070: mientras durara la suspensión, se aplicaban las reglas anteriores.

El Ministerio de Hacienda impugnó. Y el 2 de junio de 2026, la misma Sección Cuarta — con otro consejero como ponente — revocó la suspensión. El argumento de la revocatoria es más interesante de lo que parece: la Sala no dijo que el decreto esté bien motivado. Dijo que decidir si está bien motivado es un análisis de fondo que no cabe en una medida cautelar. El resultado operativo: desde el 1 de julio de 2026, las tarifas y bases del Decreto 572 rigen de nuevo.

El pleito de fondo, mientras tanto, sigue vivo. La sentencia que decida si el decreto es legal o nulo todavía no existe.

El análisis que no está haciendo el mercado

La lectura dominante ha sido cronológica: "el decreto volvió, reparametrice". Es correcta y es insuficiente. Hay tres capas debajo que valen más que el titular.

Primera: el propio decreto confiesa que va a generar saldos a favor. En sus considerandos, el Decreto 572 reconoce que al agrupar actividades económicas en tarifas únicas habrá contribuyentes a los que se les retendrá más impuesto del que van a causar, y remite expresamente a la devolución y compensación de los artículos 850 y siguientes del Estatuto Tributario. Léalo otra vez: la norma que le sube la autorretención le está diciendo, por escrito, que si usted queda sobre-retenido el camino es pedir la plata de vuelta. Un mecanismo diseñado "en agregado" produce, por diseño, perdedores individuales. La pregunta para su empresa no es si el decreto es justo; es si usted quedó del lado que financia al Estado por encima de su impuesto real — y cuánto le cuesta ese financiamiento a su flujo de caja cada mes que no lo mide.

Segunda: el paréntesis de 54 días creó un riesgo de cumplimiento silencioso. Entre el 8 de mayo y el 30 de junio de 2026 la regla aplicable era la anterior al decreto. Toda retención practicada en ese periodo con las tarifas del 572 fue una retención en exceso; toda autorretención liquidada con la tarifa nueva, un pago de más. Y el escenario inverso también existe: empresas que reparametrizaron tarde en mayo, o que en julio no han vuelto a reparametrizar, están hoy reteniendo con la regla equivocada. La declaración de retención es de las pocas donde el error se paga dos veces: sanción por corrección si retuvo de menos, y plata inmovilizada más gestión de devolución si retuvo de más.

Tercera: la revocatoria no cerró el riesgo jurídico — lo aplazó. La Sala revocó la cautelar por razones procesales, no porque haya validado el decreto. La objeción de fondo — la suficiencia de los estudios que sustentan las tarifas — sigue en el expediente, esperando sentencia. Existe un escenario, con probabilidad no despreciable, en el que dentro de uno o dos años una sentencia de nulidad obligue a reconstruir otra vez el mapa de qué regla aplicó cuándo. Las empresas que hoy documenten con precisión sus tres periodos tendrán esa reconstrucción lista. Las demás la harán contra el tiempo, con el archivo contable de dos años atrás.

A quién le importa esto de verdad

A cualquier autorretenedor del régimen especial en renta — es decir, a la generalidad de las sociedades contribuyentes. Pero la intensidad no es pareja.

Le importa más a las empresas de márgenes estrechos y facturación alta: distribución, manufactura por volumen, agroindustria, servicios con alta rotación. En ellas, una autorretención calibrada para la utilidad "promedio" de su código CIIU puede superar con holgura el impuesto real del año, y la diferencia es capital de trabajo entregado al Estado a costo cero durante meses. Le importa a los grupos con varias sociedades, donde el error de parametrización se multiplica por cada NIT. Y le importa de manera particular a las compañías cuya renta 2025 ya arrojó saldo a favor: ese saldo va a crecer en 2026, y la decisión de imputarlo, compensarlo o pedirlo en devolución merece más análisis que la inercia de arrastrarlo.

Los tres errores que estamos viendo

El primero es tratar la reparametrización como un asunto exclusivamente de sistemas. Se cambia la tarifa en el ERP y se archiva el tema. Nadie revisa qué pasó con los pagos procesados en los días de frontera — los primeros de mayo, los primeros de julio —, nadie cruza las retenciones practicadas a terceros contra la regla vigente en cada fecha de pago, y nadie deja un papel de trabajo que documente el cambio. Cuando la DIAN fiscalice 2026 — y las declaraciones de este año serán candidatas naturales, porque la administración sabe exactamente dónde buscar — ese papel de trabajo será la diferencia entre una respuesta de dos días y una contingencia.

El segundo es no medir la brecha. La mayoría de las empresas no sabe, hoy, cuánta autorretención acumulada llevan en 2026 contra cuánto impuesto van a causar. Es un cálculo de una hoja: autorretención practicada a la fecha, proyección de renta del año, diferencia. Sin ese número no se puede decidir nada — ni ajustar la caja, ni planear la devolución, ni evaluar si la empresa está en el escenario de "brecha inexistente" que el propio decreto contempla.

El tercero es el reflejo de dejar el saldo a favor quieto "para no llamar la atención". Es el error más costoso porque se disfraza de prudencia. Un saldo a favor bien soportado es un derecho crediticio contra el Estado; dejarlo envejecer no lo hace más seguro, lo hace más viejo. Lo que sí es cierto es que una solicitud de devolución abre una revisión — y por eso la decisión correcta no es "no pedir", sino no pedir antes de auditar internamente el saldo. La devolución se prepara como se prepara una defensa: primero se verifica que cada peso resista escrutinio, después se solicita.

Cómo lo abordaría yo

Si me sentara hoy con el comité financiero de una empresa autorretenedora, pediría tres cosas antes de opinar.

Primero, el mapa de los tres periodos: qué tarifa y qué base aplicó la empresa — como autorretenedora y como agente de retención — entre junio de 2025 y mayo de 2026, en el paréntesis de mayo-junio, y desde julio. No el "deber ser": lo que efectivamente corrió por el sistema, cotejado contra las fechas de cada pago. En la mayoría de los casos ese mapa revela por lo menos una zona gris en los bordes de cada cambio.

Segundo, la medición de la brecha 2026 contra la proyección de renta, actualizable cada mes. Es la cifra que convierte este tema, que parece de cumplimiento, en lo que realmente es: una decisión de tesorería. Con ella se decide si el saldo a favor se imputa, se compensa contra otros impuestos o se pide en devolución, y en qué momento del calendario conviene cada vía.

Tercero, el expediente del vaivén: los dos autos del Consejo de Estado, el comunicado de la DIAN, las órdenes internas de reparametrización con sus fechas, y las declaraciones de retención del periodo, archivados juntos. Cuesta una tarde de trabajo. Si la sentencia de fondo anula el decreto, ese expediente vale su peso en honorarios de defensa; si no lo anula, habrá servido igual para responder cualquier requerimiento en días y no en semanas.

Lo que no haría: estructurar ninguna decisión sobre la apuesta de que el decreto será anulado. El criterio no consiste en adivinar la sentencia; consiste en quedar bien parado en cualquiera de los dos escenarios.

Lista de verificación

Antes de cerrar julio, su equipo financiero debería poder responder que sí a estas seis preguntas. Cada "no" es una tarea con dueño y fecha.

1. ¿El ERP volvió a las tarifas y bases del Decreto 572 con efecto exacto 1 de julio de 2026, y hay evidencia del cambio?
2. ¿Las retenciones practicadas entre el 8 de mayo y el 30 de junio se liquidaron con el régimen anterior, incluida la declaración de retención de esos periodos?
3. ¿Alguien revisó los pagos de los días de frontera (primeros días de mayo y de julio) contra la regla vigente en cada fecha?
4. ¿Existe la medición de brecha: autorretención acumulada 2026 contra impuesto de renta proyectado?
5. ¿Hay una decisión documentada — no una inercia — sobre el saldo a favor: imputar, compensar o devolver, y su cronograma?
6. ¿El expediente del caso 572 (autos, comunicado DIAN, soportes de parametrización) está armado y archivado?

La reflexión de fondo

El episodio del Decreto 572 suele contarse como una historia de inseguridad jurídica, y lo es. Pero para el empresario esconde una lección más útil: en el sistema tributario colombiano, la retención dejó de ser un tema mecánico que se delega al software y se olvida. Es una posición financiera frente al Estado que cambia con cada decreto, cada cautelar y cada sentencia — y que merece la misma disciplina de medición que cualquier otra posición material del balance. Las empresas que entendieron esto en mayo no corrieron en julio. Las que lo entiendan ahora no correrán con la sentencia de fondo, caiga del lado que caiga.

---

Si su empresa atravesó el vaivén del Decreto 572 y todavía no tiene el mapa de sus tres periodos — o tiene un saldo a favor creciendo y ninguna decisión tomada sobre él —, ese es exactamente el tipo de diagnóstico que hacemos en LAV antes de que la pregunta la formule la DIAN. Escríbanos y lo conversamos sobre sus cifras, no sobre generalidades.

Andrés Angarita es contador público, especialista en derecho tributario y derecho tributario internacional, con más de 25 años de experiencia. Es Socio Director de LAV Consultoría Tributaria.