Por Andrés Angarita · LAV Tributaria · Publicado el 18 de septiembre de 2026 · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Una sanción de $10 millones podría terminar en un pago de $1,5 millones. La diferencia es importante. Pero hay una pregunta anterior al descuento: ¿esa sanción realmente procede y su caso cumple los requisitos del beneficio?

El Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 estableció reducciones de sanciones e intereses, mecanismos de conciliación, facilidades de pago y tratamientos para donaciones relacionados con la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.

No son un solo beneficio. No tienen todos los mismos destinatarios. Y tampoco permiten pagar el 15 % de cualquier deuda.

Esta guía separa los mecanismos para que pueda identificar qué revisar, qué pagos son necesarios y cuándo la aparente oportunidad puede convertirse en una mala decisión.

La actualización importante: ya existe doctrina de la DIAN

La posición nacional no quedó únicamente en el Comunicado 122 del 19 de septiembre. La DIAN expidió el Concepto 100208192-1737 del 21 de septiembre de 2026: los artículos 9, 10 y 11 del capítulo III y el artículo 13 tienen alcance nacional; el capítulo II y el artículo 12 se dirigen a los afectados, con sus requisitos particulares.

La DIAN fundamenta esa distinción en la finalidad recaudatoria, la interpretación contextual, la solidaridad y una regla para resolver incompatibilidades dentro del mismo texto. Este artículo incorpora esa posición posterior a las primeras lecturas restrictivas del decreto.

¿Por qué hubo discusión sobre el alcance nacional?

Porque el artículo 1 utiliza una fórmula de exclusividad territorial y exige afectación acreditada. A su vez, el artículo 3 define a los sujetos afectados para el capítulo II. La convivencia de esas disposiciones originó una duda real: ¿la restricción inicial cubría todo el decreto o solo determinadas medidas?

Si la intención era abrir algunos mecanismos al país entero, la redacción debió decirlo claramente desde el comienzo. El contribuyente no debería tener que resolver esa tensión antes de decidir cómo paga.

Hoy debe distinguirse entre la redacción de la norma y la interpretación administrativa publicada. No es preciso seguir afirmando que solo existe un comunicado. Los conceptos de las dependencias competentes de la DIAN constituyen interpretación oficial obligatoria para sus funcionarios, conforme al artículo 131 de la Ley 2010 de 2019.

Eso tiene relevancia práctica, pero no convierte la doctrina en una reforma del decreto ni reemplaza el control judicial.

1. Deudas en mora: impuesto completo, intereses especiales y sanción reducida

El artículo 9 se refiere a obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN que estuvieran en mora al 10 de agosto de 2026. Para acceder al mecanismo, entre la entrada en vigencia del decreto y el 19 de noviembre de 2026 deben cumplirse sus condiciones de pago:

• El 100 % de la obligación principal.
• Los intereses moratorios con la tasa especial del 4,5 % anual.
• El 15 % de las sanciones y su actualización, sin bajar de la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada.

No se perdona el 85 % del impuesto. La reducción se refiere a sanciones y actualización; los intereses tienen su tratamiento propio. El artículo también contempla títulos ejecutivos sancionatorios, atendiendo los requisitos que resulten pertinentes.

Ejemplo: qué se reduce y qué no

Suponga una obligación principal de $80 millones y sanciones con su actualización por $10 millones. Si el caso cumple todas las condiciones y no opera un mínimo superior, el pago sancionatorio sería de $1,5 millones.

El contribuyente tendría que pagar $81,5 millones más los intereses liquidados al 4,5 % anual. No $12 millones, ni el 15 % de la deuda completa. El interés exige su cálculo según fechas, capital y pagos; no es un cargo plano del 4,5 % sin considerar el tiempo.

Hay dos puntos operativos que no deben pasarse por alto: el artículo 9 excluye las compensaciones y cruces de cuentas como medios de pago para este mecanismo, y regula los títulos de depósito judicial. Si existen recursos embargados, revise la fecha de constitución y su aplicación efectiva; no asuma que ya extinguieron la deuda.

También permite acogerse sobre saldos insolutos de facilidades o acuerdos vigentes a la entrada en vigor. Tener un acuerdo no significa que la reducción ya esté aplicada: debe revisarse el saldo, la liquidación y el cumplimiento del pago exigido.

Fuente: Decreto 1419, artículo 9, página 9. Para instrucciones operativas, consulte además las preguntas frecuentes de la DIAN.

2. Declaraciones omitidas y correcciones: no funcionan igual

El artículo 10 contiene varios supuestos. Mezclarlos puede llevar a liquidar intereses donde no corresponden o a dejar de pagarlos cuando sí se exigen.

Si no presentó una declaración

Para omisiones configuradas hasta el 10 de agosto de 2026, el numeral 1 permite presentar la declaración a más tardar el 19 de noviembre, liquidar la sanción por extemporaneidad reducida al 15 % y pagar el impuesto o las retenciones, la sanción reducida y los intereses al 4,5 % anual.

Si debe corregir una declaración

El numeral 2 se ocupa de declaraciones presentadas hasta el 10 de agosto cuya corrección aumente el valor a pagar, disminuya el saldo a favor o disminuya las pérdidas líquidas. Exige presentar la corrección a más tardar el 19 de noviembre, liquidar y pagar la sanción por corrección reducida al 15 % y el impuesto a que haya lugar. En este supuesto no se liquidan ni pagan intereses moratorios.

Pero el beneficio no sustituye el análisis sobre la existencia de la infracción. Antes de calcular el porcentaje deben establecerse la procedencia de la sanción y su base legal, especialmente cuando la modificación involucra pérdidas fiscales. El decreto no debe usarse como razón para aceptar una sanción sin revisar su fundamento.

Si incumplió una obligación formal

El numeral 4 contempla incumplimientos configurados al 10 de agosto y anteriores: exige cumplir la obligación y pagar la sanción reducida dentro del plazo. El artículo incluye obligaciones formales de precios de transferencia, incluida la declaración informativa, y obligaciones cambiarias incumplidas.

Se admite concurrencia con otras reducciones del Estatuto Tributario cuando sean aplicables, respetando la sanción mínima. No basta multiplicar porcentajes sin verificar las condiciones de cada reducción.

En materia aduanera existe un supuesto específico de corrección asociado a infracciones gravísimas y exclusiones expresas: mercancías sometidas a restricciones legales o administrativas, aprehendidas o decomisadas y la sanción señalada en el artículo 29 de la Ley 2586 de 2026. El beneficio no cubre indiscriminadamente toda infracción aduanera. Fuente: Decreto 1419, artículo 10, páginas 9 a 11.

Antes de corregir, revise qué está aceptando

Una invitación de la DIAN y un descuento no reemplazan el análisis de su declaración. Si tiene una actuación concreta, consulte las opciones de revisión de caso de LAV Tributaria: alcance definido, lectura previa de documentos y orientación sobre la ruta a seguir. La presentación de declaraciones, escritos o solicitudes requiere un encargo separado.

3. Si ya está discutiendo con la DIAN, acogerse tiene un costo jurídico

El parágrafo 1 del artículo 10 contempla obligaciones en discusión administrativa respecto de las cuales no se haya notificado la resolución que decide el recurso de reconsideración.

No es una reducción que se obtiene manteniendo intacta toda la discusión. La norma exige, entre otros aspectos, aceptación total de las glosas, cumplimiento de los pagos que correspondan y reintegro de sumas compensadas o devueltas improcedentemente.

También exige informar por escrito a la DIAN antes del 19 de noviembre de 2026. La dependencia competente verifica los requisitos y expide el acto que termina el proceso.

La decisión debe comparar el costo de acogerse con los argumentos, pruebas y riesgos de continuar. Una glosa discutible no se vuelve correcta porque tenga un descuento atractivo.

4. Demandas contra la DIAN: cómo opera la conciliación

El artículo 11 distingue el tipo de acto y la instancia. Para procesos contra liquidaciones oficiales:

• Única o primera instancia: se paga el 100 % del impuesto discutido y el 15 % de las sanciones, actualización e intereses, calculados estos últimos al 4,5 % anual.
• Segunda instancia: se paga el 100 % del impuesto y el 20 % de esa base. El decreto considera segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Aquí los intereses hacen parte de la base sobre la que se aplica el 15 % o el 20 %. No debe trasladarse mecánicamente la liquidación del artículo 9.

Si el proceso versa exclusivamente sobre una sanción dineraria, sin impuesto discutido, el pago es del 20 % de la sanción actualizada. Para sanciones por devoluciones o compensaciones improcedentes hay otra regla: pago del 30 % de la sanción actualizada, reintegro completo de las sumas devueltas, compensadas o imputadas en exceso y sus intereses reducidos al 30 %. No todos los procesos se concilian con la misma fórmula.

Entre las condiciones están: demanda presentada antes del 10 de agosto, admisión anterior a la solicitud, inexistencia de sentencia o decisión en firme que termine el proceso y prueba de los pagos exigidos. También debe acreditarse el pago de la liquidación privada de 2025 del tributo objeto de conciliación cuando resulte exigible.

La solicitud puede presentarse hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, el requisito de pagos utiliza la expresión antes del 19 de noviembre: no conviene programarlos para el último día. La conciliación requiere trámite ante la DIAN y aprobación judicial; el pago no termina por sí solo la demanda. Fuente: Decreto 1419, artículo 11, páginas 11 a 13.

5. Facilidades de pago: estas sí tienen condiciones territoriales

No debe confundirse la reducción del capítulo III con la facilidad abreviada del capítulo II. Esta última exige revisar el ámbito territorial, el domicilio fiscal relevante y la acreditación de la afectación. Tener una sede o estar en un departamento mencionado no basta, por sí solo.

El artículo 5 contempla obligaciones en mora a la entrada en vigencia del decreto —una fecha diferente de la del artículo 9— y solicitudes hasta el 19 de noviembre. Prevé hasta 24 meses sin garantía, bajo las condiciones del inciso segundo del artículo 814 del Estatuto Tributario; para plazos superiores a 24 y hasta 36 meses, pueden aceptarse garantías personales si la deuda no supera 6.000 UVT. En los demás casos exige garantía suficiente.

Además, requiere pagar como mínimo el 10 % del total al suscribir la facilidad y establece la tasa moratoria especial del 4,5 %. La expresión «sin garantía» no significa «sin requisitos».

Los artículos 6 y 7 regulan reprogramaciones de acuerdos vigentes, incluidas situaciones concursales. Deben revisarse de forma independiente, no como una prórroga automática para cualquier deuda.

¿Y los Grandes Contribuyentes?

El artículo 8 los excluye de las disposiciones del capítulo II. Esa exclusión no puede extenderse automáticamente al capítulo III. Por tanto, su clasificación como Gran Contribuyente no basta para descartar las reducciones o conciliaciones: deben revisarse los requisitos del mecanismo específico.

6. Donaciones: ayudar no equivale a pagar una deuda con descuento

El artículo 12 beneficia a personas naturales afectadas que reciben determinadas donaciones o pagos en especie entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, hasta un acumulado de 2.600 UVT por beneficiario, con destinación y certificación exigidas. El tratamiento para el receptor es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y no sometido a retención.

Esta disposición no crea, por sí sola, una deducción o descuento para toda empresa que entregue bienes directamente a una familia.

El artículo 13 regula algo distinto: donar total o parcialmente a la Nación saldos a favor susceptibles de devolución o compensación, hasta el 31 de diciembre. La DIAN verifica el saldo, compensa primero las obligaciones vencidas del solicitante y solo acepta el remanente disponible. La renuncia es irrevocable; el derecho sobre el valor donado se extingue con la ejecutoria del acto de aceptación.

La remisión al descuento del artículo 257 del Estatuto Tributario queda sujeta a sus límites y condiciones, y no permite tratar simultáneamente la donación como costo o deducción. Es una donación efectiva, no una fórmula para recuperar íntegramente el saldo y conservar un beneficio adicional.

¿Qué pasaría si la Corte Constitucional limita o retira los beneficios?

La doctrina de la DIAN no reemplaza el control de los decretos legislativos que corresponde a la Corte Constitucional. Tampoco puede anticiparse que una eventual decisión judicial dejaría intactas todas las situaciones o eliminaría retroactivamente todos los beneficios.

Habría que leer la decisión concreta: qué disposición examina, qué resuelve, desde cuándo produce efectos y cómo trata las situaciones consolidadas. Son determinaciones distintas de una simple modificación del criterio administrativo. Referencias: Constitución, artículo 241.7; Sentencia C-109 de 1995, sobre la determinación de los efectos de los fallos constitucionales.

La buena fe y la confianza legítima pueden ser relevantes para una defensa si el contribuyente actuó con base en una interpretación oficial. Pero citar el concepto en una solicitud no crea inmunidad, no subsana requisitos incumplidos ni garantiza el resultado de un proceso.

Conserve la norma, la doctrina aplicable al momento de actuar, el análisis de elegibilidad, la liquidación, los pagos y las comunicaciones. Esa trazabilidad es importante; no debe venderse como un blindaje absoluto.

Las siete verificaciones antes de pagar

1. ¿La obligación existe, es exigible y la sanción tiene fundamento?
2. ¿Qué artículo y supuesto corresponden a su situación?
3. ¿Se cumple la fecha de corte específica?
4. ¿Qué se paga completo, qué se reduce y cuál es la sanción mínima?
5. ¿El mecanismo requiere presentar, corregir, informar o solicitar, además de pagar?
6. ¿Está aceptando glosas, renunciando a una discusión o donando un derecho?
7. ¿Quedará evidencia suficiente del cumplimiento y del criterio aplicado?

El artículo 14 prevé la pérdida del tratamiento por incumplimientos y otras conductas allí descritas, con cobro de valores, intereses y sanciones aplicables. Por eso la liquidación debe partir del caso, no del porcentaje que apareció en redes.

Preguntas frecuentes

¿Puedo evaluar estos beneficios si mi domicilio está en Bogotá?

Sí, para los mecanismos que la doctrina de la DIAN reconoce como nacionales, siempre que cumpla sus condiciones. Esa conclusión no convierte las facilidades del capítulo II en un beneficio nacional.

¿Sirven para el predial, el impuesto de vehículos o el ICA municipal?

No debe trasladarse este régimen a obligaciones territoriales por analogía. Los artículos comentados se refieren a obligaciones administradas por la DIAN; cualquier beneficio territorial requiere su propio fundamento.

¿Una invitación a corregir demuestra que debo una sanción?

No. Revise la diferencia, sus soportes y la norma aplicable. Si existe un error, determine cómo regularizarlo. Si tiene explicación, documéntela.

¿Solicitar información o empezar una revisión suspende los plazos?

No debe asumirlo. Organice el trabajo con los vencimientos del mecanismo y del proceso concreto. No deje las decisiones ni los pagos para la última jornada.

Revise la obligación antes de comprar el descuento

Si tiene una deuda o actuación concreta y necesita definir por dónde empezar, conozca la revisión de caso de LAV Tributaria. La página explica las opciones, los documentos admitidos y lo que incluye el servicio. Liquidaciones extensas, representación, escritos o implementación se acuerdan por separado.

Pagar con descuento una sanción que usted no debía pagar no es ahorrar. Aprovechar un beneficio exige primero saber qué está pagando y qué está aceptando.

Fuentes y fecha de actualización

• Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026, especialmente artículos 1 a 14.
• DIAN, Concepto 100208192-1737 del 21 de septiembre de 2026.
• DIAN, Comunicado 122 del 19 de septiembre de 2026.
• DIAN, portal y preguntas frecuentes del Decreto 1419.

Actualización: 2 de octubre de 2026. Este análisis general no equivale a una certificación de elegibilidad ni a una liquidación individual. Antes de ejecutar una actuación deben revisarse los hechos del caso, los procedimientos aplicables y las decisiones posteriores que puedan incidir en el beneficio.